Según datos del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el año pasado se concedieron 314 permisos para este tipo de inversiones en Baleares, algo más del 8% de un total nacional de 3.783. Las Islas Baleares forman parte de un grupo de provincias donde se expiden la mayoría de estos «visados»: las otras son Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. Dentro de la UE, España es uno de los países que más permisos de este tipo concede.

El Visado de Oro es un asunto espinoso para el Gobierno español, que se resiste a facilitar información sobre el programa. Lo introdujo en 2013 el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (del Partido Popular) para estimular la inversión extranjera en España, pero Bruselas nunca lo vio con buenos ojos. La Comisión Europea lleva tiempo advirtiendo a España y a otros Estados miembros de los riesgos, ya que puede facilitar el blanqueo de capitales.

La Comisión ha indicado que el número real de estos permisos se desconoce debido a la «falta de transparencia» de los gobiernos. Portugal ha anunciado que suprimirá el régimen. El líder del partido Más País, Íñigo Errejón, exigió la semana pasada al Gobierno español que hiciera lo mismo, ya que estos permisos «también fomentan la especulación con el precio de la vivienda».

En Baleares, la mayoría de las solicitudes proceden de Estados Unidos (que ha experimentado un notable incremento en los últimos años), China, Australia y Reino Unido, que encabeza la lista desde el
Brexit
.

La letrada Mar Román de Castell Abogados tramita unas setenta solicitudes al año. Dice que la Golden Visa es «una tendencia creciente» en Baleares. La mayoría de sus clientes gastan más que el mínimo: entre un
uno y cuatro millones de euros y más
.

Román explica que el proceso es laborioso pero, sin embargo, extremadamente fluido en comparación con los trámites de inmigración de los ciudadanos de a pie. Sin embargo, los filtros para garantizar la legalidad del origen del dinero son mínimas, casi inexistentes. «No hay control sobre el origen del dinero utilizado para comprar la casa y obtener la licencia».

«No hacen mucho seguimiento», reconoce Carmen Lebrón, de Raso & Abogados Asociados. Condiciones muy ventajosas han sido aprovechadas en particular por Los compradores británicos, que buscan las libertades que antes ofrecía la pertenencia a la UE.